La Cámara de Representantes de Misuri aprobó el martes pasado eliminar del presupuesto del estado los recursos para las bibliotecas públicas en esa entidad, en un episodio más de la guerra cultural que sostienen grupos conservadores que en los recientes meses se han dedicado a prohibir libros en Estados Unidos.
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| La organización PEN America reportó que en el pasado periodo escolar se dieron 2.532 casos de libros prohibidos, situación que afectó a 1.648 títulos. Se registró que los vetos ocurrieron en 32 entidades de Estados Unidos, con Texas y Florida a la cabeza. En esas ocasiones se restringió o redujo el acceso de los estudiantes a los libros en bibliotecas escolares y aulas de ese país por tiempo limitado o indefinido. En la imagen, algunos de los títulos eliminados de las estanterías. Foto tomada del sitio web de PEN America |
La Cámara de Representantes de Misuri aprobó el martes pasado eliminar del presupuesto del estado los recursos para las bibliotecas públicas en esa entidad, en un episodio más de la guerra cultural que sostienen grupos conservadores que en los recientes meses se han dedicado a prohibir libros en Estados Unidos.
Organizaciones civiles que se oponen a ese embate sostuvieron que la desaparición de 4.5 millones de dólares para las bibliotecas públicas es una represalia por la demanda contra una ley estatal aprobada en 2022 que ha resultado en el enjuiciamiento de bibliotecarios y otros educadores que dieron acceso a libros a los estudiantes.
Aunque el presupuesto todavía tiene que pasar por la aprobación del Senado estatal y la oficina del gobernador de Misuri, es un hecho el peligro en el que se halla el financiamiento gubernamental para las bibliotecas ubicadas principalmente en áreas rurales.
Además, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles de Misuri (ACLU-MO, por sus siglas en inglés), la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Misuri (AML, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Bibliotecas de Misuri (MLA, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda para anular una ley estatal aprobada en 2022 que prohíbe material sexualmente explícito en las escuelas.
Sostienen que los distritos escolares no sólo han estado retirando libros de sus estanterías, sino que se han fincado cargos a bibliotecarios y docentes, castigándolos hasta con un año de cárcel o una multa de 2 mil dólares por facilitar dicho material.
Según el diario británico The Independent, PEN America informó que esa norma recién aprobada orilló al retiro “de forma preventiva por temor a que los activistas de derecha presenten demandas judiciales contra ellos, lo que supondría una pérdida de dinero. Entre agosto y noviembre, las autoridades estatales prohibieron más de 300 libros en al menos 11 distritos escolares”.
Las amenazas a las bibliotecas de Misuri se han replicado en legislaturas estatales y los gobiernos locales de todo Estados Unidos, con campañas de activistas contra títulos vinculados a personas LGBT o materiales que hablan de sexualidad y representaciones honestas de racismo y discriminación, reportó el rotativo.
Con base en información del portal EveryLibrary, se detalla que este año hay más de 100 proyectos de ley en las asambleas legislativas de al menos 31 estados de ese país que amenazan con recortar los presupuestos de muchas bibliotecas, para “implantar sistemas de clasificación de libros, regular el tipo de libros y materiales de sus colecciones y modificar las definiciones de obscenidad que prevalecen sobre las protecciones de la Primera Enmienda”.
Hace unos días, la MLA difundió un comunicado en el que rechaza el recorte propuesto por el presidente del comité de presupuesto, el republicano Cody Smith, debido a que, según su opinión, la ayuda estatal enviada a los 160 distritos de bibliotecas en Misuri “se estaba gastando para financiar el litigio contra el estado”.
La organización aclaró que la “ayuda estatal a las bibliotecas se dirige a proporcionar colecciones relevantes, programas basados en la alfabetización y recursos tecnológicos a sus comunidades. Nuestras bibliotecas rurales son las que más dependen de este financiamiento para servir a sus comunidades, y se verán perjudicadas por este drástico recorte presupuestario”.
Por su lado, la ACLU-MO declaró que “tomar represalias contra dos organizaciones privadas, dirigidas por voluntarios, castigando a los usuarios de las bibliotecas públicas de Misuri es aborrecible”, y pidieron que no se cargue a los “gobiernos locales con un esfuerzo equivocado para silenciar a las organizaciones que se oponen a la extralimitación de la legislatura.”
Vetan temas LGBT y de diversidad
La revista Vice reportó que además de Misuri, hay estados donde varias iniciativas contra la obscenidad “se convirtieron en leyes el año pasado, incluidos Oklahoma y Tenesi. Se ha vuelto más fácil para un adulto impugnar libros con representación de LGBT y diversidad.”
“La semana pasada, la Asociación Estadunidense de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en inglés) publicó datos que muestran que en 2022, la cantidad de impugnaciones contra libros casi se duplicó, y 32 por ciento de todas ellas incluyeron múltiples títulos.”
Otro ejemplo de la guerra que grupos conservadores han emprendido contra el libro es que en Texas, funcionarios del condado de Llano consideran planes para “cesar las operaciones por completo” en su sistema de bibliotecas, después de que un juez ordenara a uno de esos recintos que devolviera los libros que había retirado.
Entre los títulos eliminados de las estanterías de esa biblioteca por empleados del condado se encuentran They Called Themselves the KKK: The Birth of an American Terrorist Group, de Susan Campbell Bartoletti; tres libros de la serie I Need a New Butt!, de Dawn McMillan; títulos de Maurice Sendak, y un libro titulado It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex, and Sexual Health, así como libros infantiles ilustrados.
En defensa de los bibliotecarios y las bibliotecas frente a una oleada de amenazas legislativas el mes pasado, Lessa Kanani’opua Pelayo-Lozada, presidenta de la ALA condenó a la “minoría ruidosa” que aviva “las llamas de la controversia en torno a los libros.”
“Muchos trabajadores de bibliotecas se enfrentan a amenazas a su empleo, a su seguridad personal y, en algunos casos, a amenazas de enjuiciamiento por proporcionar libros a los jóvenes que ellos y sus padres quieren leer.”
Pelayo-Lozada concluyó: “Nuestra nación no puede permitirse perder a los trabajadores de las bibliotecas que impulsan a sus comunidades y salvaguardan nuestra libertad de leer”.
Fuente: La Jornada (Por: Reyes Martínez Torrijos)
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